El Nuevo Día San Juan, Puerto Rico - Miércoles, 15 de junio de 2005 Una construcción contra todas las reglas ambientales Por José Javier Pérez_end.jperez1@elnuevodia.com Un edificio que tiene pegadas la playa por un lado y una quebrada por el otro parecería insensato y hasta improbable sobre todo en un país donde el riesgo de azotes por huracán está latente la mitad del año. Pero, en Puerto Rico esa práctica parece haberse entronado desde Fajardo hasta Aguadilla, y desde Rincón hasta Humacao. "Hoy día es tan poco el espacio que queda que los desarrolladores están construyendo edificios en solares tan pequeños y cercanos al mar que, a la escala de los mapas, no se pueden evaluar los efectos de las inundaciones", dijo Aurelio Mercado, oceanógrafo físico y catedrático del Departamento de Ciencias Marinas del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Se refirió particularmente al caso de Sandy Beach en Rincón, un proyecto que, dijo, reúne las más dramáticas violaciones ambientales que, no sólo impactan el ecosistema marino, sino que amenazan la seguridad de los inquilinos y el capital de los inversionistas, indicó. Sin mapas "Increíble como parezca, en ese lugar como en muchos otros a lo largo de Puerto Rico, no existen mapas de inundación que puedan ser utilizados por la Junta de Planificación (JP) y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) para evaluar solicitudes de construcción y se le dan los permisos sin exigir estudio alguno", declaró Mercado al mencionar uno de los elementos que explica la proliferación de estructuras en áreas inadecuadas. Precisamente el representación representante José Chico Vega presentó ayer una resolución para ordenar a las comisiones de Desarrollo Socioeconómico y Planificación, y de Recursos Naturales, Conservación y Medio Ambiente de ese cuerpo legislativo investigar los procesos que culminaron en la aprobación de los permisos para el proyecto Sandy Beach, que consiste de un edificio de 4 pisos con 12 apartamentos. Permisos sin información vital La investigación se enfocará en cómo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) delimitó la Zona Marítimo Terrestre, así como los procesos que se siguieron en la JP y la ARPE y cómo esas dos agencias conceden permisos sin tener información vital como es la inundabilidad de un área, indica la Resolución de la Cámara 2339. La medida va encaminada a formular una ley de costas que finalice con la alegada manera arbitraria en que el DRNA ha venido aplicando y delimitando la Zona Marítimo Terrestre según los criterios del secretario de turno, indicó. "Se dice que en este caso del Sandy Beach hubo influencias de ex funcionarios gubernamentales o familiares de éstos", dijo Chico Vega. "Éste es más serio que el del Marriott", añadió. Aunque el desarrollador del proyecto accedió a tomar medidas para minimizar y mitigar los impactos a la playa, estas acciones no resuelven el hecho de que la estructura se erigió contra toda reglamentación y ley establecida, indica la medida. Lo anterior contrasta con otras jurisdicciones donde los gobiernos ordenan la demolición de construcciones ilegales a costo de los proyectistas.